DERECHOS | 11 de diciembre de 2016

Coherencia de un fallo en un ambiente político punitivista

Cada tiempo marca un “clima de época”. En Río Negro se representa en el deseo de privar de su libertad a jóvenes por un supuesto estado de vulnerabilidad como elocuente “in fragancia”.

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ESCRITO POR

Susana Yappert y Gustavo Nahüel

Se concretó en Bariloche, a fines de noviembre, la XX Semana por los Derechos de Niño, Niñas y Adolescentes. Dos décadas de acciones en favor de esos derechos obligan a un balance, que este año tuvo como pieza central el cuestionado fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro que habilita la detención de adolescentes en comisarías bajo el objetable argumento de querer resguardarlos.

Esta nota se enfoca en la interpretación del fallo del STJ como producto de un campo de la vida social que, aunque altamente especializado y con reglas propias, forma parte de una dinámica social mayor que establece relaciones en la búsqueda de un ordenamiento general.

Por ningún motivo se justifica que niños, niñas y adolescentes queden “demorados en una comisaría”, ni permanezcan en ese sitio si su estado es de “vulnerabilidad”. Y no es que la cúpula del Poder Judicial desconozca que hay instituciones del Estado que tienen la responsabilidad de atender esas situaciones sin necesidad de hacerles atravesar por un lugar en el que sabemos no pueden estar seguros.

La medida es contraria a lo que señala la Convención de los Derechos del Niño y se aleja del paradigma instaurado por nuestra Ley de Protección Integral de Infancia (Ley 26.061). También se trata de una medida anticonstitucional y discriminatoria, por lo que fue apelada y será la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tendrá que decidir si lo que se pretende es aceptado o no. Ya hay varios “Amicus Curiae” en curso para abonar argumentos conforme a derecho, uno de ellos impulsado por la Fundación Alternativa Popular en Comunicación (Radio Encuentro) y la Fundación Creando Futuro y CADEM (Centro de adolescente embarazada y madre del Obispado de Viedma), entre otras organizaciones que sumaron su apoyo.

Recordemos que la causa fue iniciada a partir de la interposición de un habeas corpus preventivo por parte de la defensora de Menores de Viedma, Patricia Arias, resuelto favorablemente por el Juez Jorge Bustamante. Posteriormente apelado por el Ejecutivo a través de la Fiscalía de Estado, la cual interpuso un recurso de casación por considerar a la decisión como "erróneo, arbitrario y capaz de provocar en lo policía un estado de incertidumbre sobre sus competencias y los mecanismos de actuación que debe realizar en materia de seguridad con menores". Señaló el Gobierno que "el discurso de la funcionaria del Ministerio Público carece de sentido común, pues, no se ajusta a la realidad fáctica donde se activan los dispositivos de intervención policial…".

El fallo estalló en el propio Gobierno, con rechazos que en pocos días se desmentían. Colectivos defensores de los Derechos de Infancia y de DDHH reaccionaron sin matices, y en consecuencia, apoyaron todas las acciones y recursos ante la Corte Suprema de Nación y Organismos internacionales de Derechos Humanos a fin de revertirlo.

La decisión del STJ significa un retroceso en la conquista de derechos. No es la policía la que tiene que intervenir en casos de “vulnerabilidad”. Demorar es lisa y llanamente privar de la libertad. No es esta policía, puesto que es la misma que tiene deudas enormes con el sistema democrático, la que no ha logrado en tres décadas dejar de ejercer violencia, golpeando, encarcelando y hasta matado a jóvenes de modo sistemático. No existen argumentos fácticos para que nuestros jóvenes se sientan seguros en manos de las policías locales. No puede haber argumentos jurídicos que vayan en contra del espíritu de la Convención de los Derechos del Niño ni de normativa local que protege a la infancia. Sí, hay argumentos políticos que marcan, indudablemente, un clima de época.

Un fallo y sus implicancias sociales

El fallo del STJ se riñe con la Convención de Derechos del Niño al vulnerar derechos reconocidos por la Constitución Nacional hace más de veinte años. Habilita además a la Policía provincial, para que bajo la justificación de que es para su “protección”, detenga a menores, continuando con prácticas estigmatizantes que bajo ese disfraz protector se fundamentan en el prejuicio y la discriminación hacia jóvenes de sectores socialmente vulnerados. Personal policial que suele adolecer de falta de capacitación profesional enmarcada en el respeto de los derechos, que ha sido denunciado reiteradamente por la violencia en su desempeño y, en ocasiones amparado, por la indiferencia de los responsables políticos; en definitiva, el autogobierno policial.

Nos hallamos, pues, frente a una decisión de carácter jurídico que debería orientar -esto no es novedoso pero vale subrayarlo- la actividad de una agencia estatal, la Policía de la provincia de Río Negro, y que impacta directamente sobre la vida cotidiana.

La discusión sobre la legalidad o constitucionalidad del fallo debe darse porque es, en definitiva, el marco de legalidad que rige formalmente nuestra vida en sociedad pero, asumimos también que decisiones de este tipo se dan al interior de un contexto político determinado que se encuentra en constante diálogo con el resto de las instituciones que conforman una sociedad, todo ello en el marco de un tiempo histórico permeado por un clima económico, social y cultural.

Lectura política del fallo

Nuestra propuesta es realizar una "lectura política" respecto del "hecho jurídico". Sostenemos que, al igual que en muchas disciplinas, los “hechos jurídicos” suelen ser presentados desde el poder como decisiones incontaminadas por los contextos políticos, ocultando el resultado de las luchas por el sentido entre diferentes paradigmas sociales.

Por esto, nos enfocaremos en la interpretación del fallo del STJ como producto de un campo de la vida social que, aunque altamente especializado y con reglas propias, forma parte de una dinámica social mayor que establece relaciones en la búsqueda de un ordenamiento general. En este sentido, nos orienta la hipótesis de que muchas de las instituciones comprometidas con la cuestión poseen una concepción compartida respecto de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de sectores vulnerados, de otro modo los resultados de sus diferentes prácticas hubieran sido otros muy distintos a la fecha.

Antecedentes

Presentar algunos antecedentes en la provincia de Río Negro respecto de su responsabilidad de la situación de los NNyA, resulta una buena puerta de entrada para describir y evaluar la gestión del Estado provincial, para ello se reproducen algunas observaciones de UNICEF publicadas en diciembre de 2015, que destacan:

- Que a pesar del afianzamiento del Sistema de Protección Integral (SPI) y de un conjunto de políticas públicas implementadas por el Gobierno nacional que contribuyeron ostensiblemente a la baja de la cantidad de niños institucionalizados en todos el país, las estadísticas en el caso de la provincia de Río Negro indican resultados sentido contrario: los NNyA sin cuidados parentales habían aumentado entre 2013 y 2015 en un 27%.

- De lo anterior se deriva que ante la necesidad de indagar acerca de las posibles respuestas a resultados tan disimiles, era necesario poner el foco en el trabajo previo, esto es, en la red de trabajo que el propio Estado provincial despliega para evitar la judicialización y la institucionalización, que por cierto se expresó en una cambiante, poco profesionalizada y precaria composición de sus equipos.

- Las responsabilidades políticas: el gobernador Alberto Weretilneck reconoció la falta de elaboración de políticas planificadas y con un enfoque integral de la protección a pesar del importante conjunto normativo (reconocimiento constitucional de los derechos de NNyA y la ley de Protección Integral de la Infancia), el andamiaje institucional vigente y una serie de herramientas prácticas como los protocolos de intervención

- Por otra parte, el Consejo Provincial trabaja para la Promoción y Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (CONIAR) de la Provincia de Río Negro, con autonomía funcional, creado por el art. 47 de la ley 4109, es el organismo al que le toca intervenir en las decisiones de políticas públicas de infancia. Este año -conflicto mediante- prácticamente no se reunió, y se fracturó de hecho en dos posturas, con la existencia de un CONIAR paralelo con injerencia directa del Ejecutivo, situación, de por sí, alarmante.

Política pública vs. opiniones públicas y publicadas

(foto Telam)

No estamos hablando de chicos y chicas que delinquen, estamos hablando de una franja etaria que parte de la opinión pública con sus refuerzo mediático, colocan a los/las jóvenes en el lugar de lo sospechoso, de lo peligroso, sobre todo si se trata de sectores populares.

Es difícil pensar que dos poderes del Estado y parte del tercero no estén pensando en una eventual “amenaza” social. De otro modo el escenario que planteó el fallo no existiría. El ideario de la “amenaza” es su condición de posibilidad.

Entonces, la propuesta es desandar el hecho jurídico a través de dos exposiciones complementarias, la primera (brevemente) teórica desde la cual se afirme la existencia de las relaciones entre los que podríamos denominar el "campo penal" y el "campo político" y más en general la sociedad.

El criminólogo escocés, David Garland, sostiene que las instituciones sociales pueden definirse como un conjunto de prácticas sociales estructuradas y organizadas en torno a un área específica de la vida social y proporciona un marco regulatorio, están moldeadas por la historia y la tradición y poseen una racionalidad propia.

A partir de ello entiende al castigo en sentido amplio, esto es, que además de ser un proceso legal que sanciona y condena a quienes trasgreden el derecho penal, es un entramado de leyes, procedimientos, discursos e instituciones que integran el ámbito penal. Sin embargo,"también es la expresión del poder del Estado, la afirmación de la moral colectiva, un vehículo de la expresión emocional, una política social condicionada por motivos económicos, la representación de la sensibilidad vigente y un conjunto de símbolos que despliega un ethos cultural y ayuda a crear una identidad social", para concluir que "lo que superficialmente es un medio para manejar a los transgresores de manera que los demás podamos vivir tranquilos es en realidad una institución social que ayuda a definir la naturaleza de nuestra sociedad, el tipo de relaciones que la componen y la clase de vida posible y deseable".

Los últimos años marcan un avance en las implicancias de haber sancionado la Ley de Protección Integral, que no sólo vino a cambiar un paradigma en la concepción de NNyA como sujetos de derechos; sino que dio en el centro de prácticas estatales arraigadas que sostenían el modelo tutelar. La tensión del tránsito entre uno y otro paradigma, sin dudas, es lo que contienen las posiciones encontradas que suscitó el fallo del STJ, que vino a legitimar en el plano legal, los deseos del gobernador que, en parte reflejan su ideología y en otra, los deseos de parte de la ciudadanía que gusta de la mano dura; y el rechazo que éste fallo encarnó en un sinnúmero de organizaciones defensoras de los DDHH.

Las líneas argumentales de la interpretación jurídica, las dos posiciones fueron representadas por el STJ, por una parte; y por la otra por el Ministerio Público de la provincia; las restantes interpretaciones son las que contienen una cosmovisión que podríamos aglutinar en el denominado enfoque de derechos humanos (descontamos la actitud ambivalente de la Secretaría de DDHH de la provincia), la que alzan las organizaciones defensoras de derechos y algunos legisladores del Frente para la Victoria (FpV) con representación en el CONIAR, como Jorge Vallaza.

La política criminal define la calidad democrática

La política criminal es una de las políticas de Estado que se ocupa de pautar el uso de la violencia estatal. Su uso define la calidad de su democracia. El modelo autoritario, que subordina la libertad al principio de autoridad, el que se conoce como “mano dura” que prescinde de las garantías constitucionales en pos de una supuesta “eficiencia” y que gusta de la respuesta punitiva, debería ser historia a 40 años del Golpe, es el punto del que se quiere alejar, del que pretendemos evolucionar hacia un modelo democrático, basado en los principios de legalidad, en la racionalidad y limitado, absolutamente respetuoso de la dignidad humana y de los derechos fundamentales.

Lejos estamos de ello en la Provincia.

La denuncia de graves violaciones a los derechos humanos ocasionadas por el accionar violento de las fuerzas de seguridad, el control del uso de la fuerza, y el seguimiento de la situación de los presos en el país son condiciones indispensables para el respeto a los derechos fundamentales, afirmaron quienes suscribieron al “Acuerdo para una política de seguridad democrática”. Weretilneck no estuvo entre los cientos de representantes del amplio arco político y social del país, académicos y expertos en seguridad, referentes gremiales, religiosos, culturales y de derechos humanos que presentaron el proyecto al Congreso.

En general, se le cuela en su discurso su preferencia por el ideario de la “mano dura”. Pidió consejos a Nación y hasta a uniformados de Neuquén para acercarse a nuevos paradigmas en seguridad, hasta organizó un congreso internacional en Bariloche con fuertes auspicios de empresas de seguridad privada (que lo ligaron a Sergio Massa); aprendió dos o tres palabras, pero no tomó nada de los nuevos paradigmas. Muestra la hilacha. Y lo hace con frecuencia, como cuando pidió que publiquen lista de los nombres de los “chicos malos” del alto de Bariloche, ocasionando no sólo la mudanza de varias familias señaladas, el repudio de los organismos defensores de DDHH sino de su propia Secretaria de Seguridad, Marta Arriola, quien renunció por tal decisión, en franca colisión con principios constitucionales elementales.

Sus mayores “crisis de gabinete” estuvieron en Desarrollo Social y en la cartera que pasó de Secretaría a Ministerio con cuatro funcionarios a cargo en cuatro años. La crisis siempre está latiendo en estos ámbitos.

En este sentido, el fallo el STJ no debe sorprendernos si lo analizamos en el marco de un Gobierno que expresó durante toda su gestión sus deseos de recortar libertades a esta franja etaria. Modelos de tipo “autoritario” que requieren de la colaboración de la mano derecha del Estado para hacer frente a potenciales conflictos sociales que históricamente suceden como consecuencia de políticas adoptadas a nivel local, o sostenidas a nivel nacional mediante el concurso de legisladores que buscan el agrado del actual gobierno nacional que encarna estas ideas y una restauración neoliberal en curso.

Del otro lado del Fallo, están los argumentos de otro sector político, el que representa los intereses de Niñas, Niños y Adolescentes y la defensa de la Convención y de los DDHH como guía última de la construcción de políticas públicas. Los poderes del Estado no pueden hacer oídos sordos a sus reclamos. De otro modo, el riesgo de violar derechos humanos es extremadamente alto.

Por Susana Yappert / Gustavo Nahüel

Licenciada en Comunicación con Especialización en DDHH / Sociólogo

Revista CIC :: Periodismo con intervención del cronista

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